José Guerra
Economista UCV. Master en Economía Universidad de Illinois. Profesor Escuela de Economía UCV
Más allá de la valoración de lo que ha sido la trayectoria política del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, conviene analizar la situación de la economía colombiana y los retos que enfrentará su administración que comienza en agosto de 2022. Colombia, a diferencia de Venezuela, durante los últimos cuarenta años ha sido un país económicamente estable. Aunque con un nivel de ingreso por habitante históricamente y hasta 2012 mucho menor que el de Venezuela, ese ingreso de Colombia no dejó de crecer durante las tres últimas décadas, la tasa de inflación desde finales de los años noventa se ubicó en un dígito, la pobreza general disminuyó desde 53,8% en 2002 hasta 31,7% en 2019, antes de la pandemia pero el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, prácticamente no cambió en veinte años y esta es una de las grandes deudas acumuladas que tiene la sociedad colombiana, mejorar la equidad.
Como dato importante conviene destacar que el ingreso por habitante pasó de US$ 2.564 en 2000 a US$ 6.134 en 2021, lo que denotó un aumento acumulado de 139% en veintiún años. En Colombia la Covid19 impactó severamente la actividad económica, el PIB se desplomó en 2020, la tasa de desempleo se incrementó y actualmente en 2022, sufre una elevada inflación (9,0%), la mayor en casi vente años. Aunque como política de Estado, Colombia se propuso diversificar su economía a partir de los años setenta con políticas orientadas a promover las exportaciones, en realidad los avances no han sido significativos al igual que en el resto de los países de América Latina con las excepciones de Brasil y México. Así, en 2021, de las exportaciones totales cifradas en US$ 41.223 millones, el 53% correspondió a hidrocarburos y café.
Aparte de contar con una clase política ilustrada y con elevada capacidad retórica, la economía fue bien manejada, desde el Banco de la República (Banco de la República) y el Ministerio de Finanzas. Los gobiernos liberales y conservadores y los que los sucedieron, siempre se cuidaron de seleccionar personas capacitadas para dirigir los asuntos económicos y financieros.
Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales del 19 de junio de 2022 en el contexto de un desgaste considerable del establecimiento político que por más de un siglo dirigió ese país. El programa de gobierno que expuso Petro a lo largo de su campaña va a implicar un esfuerzo fiscal importante, que tal como fue esbozado va resultar difícil de cumplirse además de los riesgos que el mismo va a encarar. Así, por ejemplo, la política petrolera para reducir la importancia de los hidrocarburos, le puede costar a Colombia la independencia energética de la cual hoy disfruta, en un mundo donde los precios del petróleo y el gas han escalado a valores siderales al tiempo que le privaría de regalías e ingresos fiscales significativos. Aunque correcto su enfoque de ir hacia una economía verde, esta no se logra de la noche a la mañana y se corre el peligro de que se paralice la inversión y comience a declinar la extracción. Que se vea en el espejo de Venezuela.
En lo relativo al sector agrario, la concentración de las tierras en pocas manos siempre ha sido uno de los problemas que más se menciona como un obstáculo al desarrollo de Colombia. Habrá que ver cómo Petro va a abordar este escabroso asunto que tantas tragedias ha causado en ese país. Sobre el tema del sistema de pensiones, la tesis de Petro es altamente cuestionable al querer sustituir el sistema mixto de capitalización individual y aportes estatales, para dar preeminencia a este último segmento y otorgar pensiones a los no contribuyentes, vinculadas al salario mínimo. Nadie discute la necesidad de ayudar al desvalido, pero con los elevados niveles de informalidad y un sistema de seguridad social sub financiado y cortando la producción petrolera y el consiguiente sacrificio de ingresos, no se sabe de dónde va a sacar el fisco el dinero para mejorar y ampliar las pensiones, debido a una situación fiscal deficitaria, que en 2021 alcanzó a 7,1% del PIB
La idea de hacer una reforma tributaria para que los más ricos paguen más impuestos luce políticamente atractiva y cautivante. Sin embargo, el asunto fundamental no es el qué sino el cómo. En un entorno de altísima movilidad de capitales, tasas impositivas mayores pudiesen provocar la huida de los capitales hacia otros destinos y el resultado podría ser una merma de la inversión privada. Acudir al financiamiento internacional en un ambiente de alzas de las tasas de interés podría impactar las ya deterioraras cuentas fiscales de Colombia. Finalmente, Petro debe tener sumo cuidado y no comprometer la independencia y autonomía del pilar básico de la estabilidad financiera de Colombia, el Banco de la República.