Ronald Balza Guanipa: economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con maestría en Teoría Económica, UCAB. Actualmente, es profesor de la Escuela de Economía de la UCV, UCAB y Unimet, y decano (E) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) en la UCAB.
La hiperinflación en Venezuela comenzó en noviembre de 2017. El proceso dio mayor impulso, por un lado, al uso de dólares para hacer pagos en transacciones cotidianas y, por otro, a la propuesta de eliminar formalmente la moneda venezolana como remedio contra la hiperinflación. Esta propuesta ha tenido adeptos que la consideran deseable, atribuyéndole el poder de impedir el financiamiento monetario con el cual los gobiernos han causado hiperinflaciones desde la Revolución francesa hasta nuestros días.
Sin embargo, el financiamiento monetario siempre es consecuencia de un desequilibrio fiscal previo, que pudo corregirse con impuestos, reducción de gasto, endeudamiento externo, ayuda internacional o, en Venezuela, ingresos petroleros. Corregir el desequilibrio es independiente de la moneda de referencia. Sin la posibilidad de emitir bolívares para hacerlo, sería obligatoria una combinación de las medidas antes dichas, como ocurre en otros países del mundo con monedas nacionales o comunitarias, e incluso en los pocos que han adoptado el dólar estadounidense como única moneda. Los problemas fiscales no se corrigen solos, eliminando la emisión de moneda nacional por ser una “puerta de escape”. Eliminarla, porque puede generar hiperinflación, no basta para abrir mercados internacionales de deuda, ni opciones de asistencia internacional, ni oportunidades de inversión que incrementen capacidades de producción, exportaciones y contribuciones fiscales. Por el contrario, supone el abandono tácito de un objetivo básico: procurar un arreglo institucional que permita la presentación de prioridades de gasto público, captación de recursos, rendición de cuentas, información pública oportuna y detallada y discusión democrática de alternativas.
En el caso venezolano, la presentación de información presupuestaria se detuvo, por completo, en 2015. En los años precedentes, el presupuesto del gobierno central se publicaba sin incorporarlo en el presupuesto del sector público consolidado, por lo que no ofrecía información coherente, detallada ni suficiente. No solo ignoraba el uso y destino de recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden) y otros fondos extrapresupuestarios, sino que deliberadamente subestimaba ingresos petroleros y omitía el marco plurianual, necesario para compaginar los requerimientos de inversiones, pagos de deuda pública y compromisos de seguridad social. Sin embargo, la información disponible, aunque incompleta, permitía identificar aspectos claves para la discusión pública. La vinculación entre el Plan de Desarrollo de la Nación y las leyes de presupuesto y endeudamiento, así como el acuerdo de políticas entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela (BCV), daban cuenta, en la Constitución de 1999, de una visión integrada de las políticas públicas. Sus responsables debían actuar con transparencia, asegurando la participación democrática de individuos y organizaciones en la elaboración de los planes y en el seguimiento de sus resultados. Es el cumplimiento de este objetivo, y no el cambio de moneda, el que permitiría no solo detener la hiperinflación, sino facilitar el crecimiento económico y fortalecer la seguridad social en democracia.
La dolarización de facto, o transaccional, observada en medio de la hiperinflación venezolana, no supuso la eliminación del bolívar ni fue del todo una novedad. Durante los años del boom petrolero, los abundantes ingresos en dólares (recibidos y distribuidos por el Gobierno) crearon oportunidades para que parte del sector privado hiciera importaciones directas, viajara al exterior y ahorrase, en efectivo o en cuentas de bancos internacionales. Para entonces, las compras de algunos inmuebles, vehículos y otros activos dentro de Venezuela se efectuaron en divisas, a pesar del control de cambios impuesto desde 2003. La contracción de la producción, la hiperinflación, la expansión de la pobreza y las migraciones visibilizaron algo que antes pasaba relativamente desapercibido: el bolívar servía como unidad de cuenta y medio de cambio en transacciones nacionales cotidianas, y el dólar (entre otras monedas, como el peso y el euro), como reserva de valor, como medio de cambio internacional y en transacciones nacionales relativamente costosas. Al encogerse el sistema financiero nacional y perder poder de compra los billetes de un cono monetario mal diseñado por el BCV, se evidenció la disponibilidad de dólares (en efectivo y por transferencia) para transacciones cotidianas. La caída radical de los ingresos reales y el cambio en los planes de consumo, entre otras cosas, hizo del dólar un medio de cambio cotidiano entre quienes pudieron desahorrar para hacer gastos prioritarios. También hizo evidente, paradójicamente, la necesidad de la moneda nacional para recibir transferencias del exterior, habitualmente llamadas remesas, pero que no podían llegar en la moneda de origen a todas las familias por el aislamiento del sistema financiero venezolano.
El sistema multimonedas existente en Venezuela no es exclusivo de un país con hiperinflación. Antes de los avances en tecnologías financieras, era normal en las fronteras de los países. Luego, la interconexión de los bancos hizo posible el uso de tarjetas internacionales dentro del territorio de muchos países. Hacer presupuestos y presentar balances tampoco es una novedad cuando coexisten varias monedas. En Venezuela han sido publicados por décadas en bolívares, utilizando el tipo de cambio (sea meta o registro) para convertir los dólares en los que se registran importaciones y exportaciones, reservas internacionales o deuda externa. Las empresas privadas cuentan con Normas Internacionales de Contabilidad, como la NIC 21, que definen monedas funcionales y cómo usarlas. Es posible y deseable la flexibilidad que permita utilizar diferentes monedas en un mismo espacio, teniendo en cuenta que cada una pueda tener atributos diferentes que afectan su velocidad de circulación. Prohibir alguna de ellas no solo no resuelve ningún problema, sino que crearía costos transaccionales actualmente inexistentes. Por el contrario, el uso del bolívar en Venezuela queda confirmado por la existencia de un tipo de cambio oficial y varios paralelos, que permiten utilizar como unidades de cuenta simultáneamente tanto bolívares como dólares.
Hacer del presupuesto un elemento básico de la discusión política, en lugar de la dolarización, pone la atención en el conflicto distributivo, en la creación de incentivos, en la protección de los vulnerables, en la verificación de resultados y la preservación de la democracia. Este último punto es fundamental, no solo por el carácter participativo con el cual se le define constitucionalmente en Venezuela, sino porque es un requisito indispensable para garantizar la alternabilidad del poder. La revisión de los presupuestos y de los efectos de las políticas públicas requieren de tiempo y constancia no solo por parte de los aspirantes a cargos públicos, sino de las comunidades afectadas por sus decisiones. Discutir presupuestos no solo es rutinario para decidir el uso de recursos públicos y combatir la corrupción, sino para permitir la transferencia de responsabilidades cuando hay un cambio de gobierno. Elecciones sin presupuestos previos y detallados no bastan para dar garantías democráticas. Es posible detener una hiperinflación sin democracia y sin dolarización, ajustando el presupuesto secreto. Lo que no es posible es sostener una democracia sin acceso abierto al presupuesto y a la información pública indispensable para hacerle contraloría social.